Cinco años de negociaciones comerciales alcanzaron un hito el viernes pasado, cuando 91 naciones acordaron nuevas normas para el comercio electrónico, entre ellas la extensión de una moratoria sobre la tributación de las transmisiones electrónicas transfronterizas. La moratoria es importante porque el término «transmisiones electrónicas» describe casi todo lo que pasa por Internet: video, audio y el contenido de The Register. La Iniciativa de Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico establece que «Ninguna Parte impondrá derechos aduaneros sobre las transmisiones electrónicas entre una persona de una Parte y una persona de otra Parte». En realidad, nunca se ha impuesto tal derecho. Y, dado que el tema general del documento es que cuando los datos fluyen libremente, las pequeñas y medianas empresas se benefician, tales aranceles parecen poco probables. Pero el acuerdo deja abierta la posibilidad de «impuestos internos, tasas u otros cargos sobre las transmisiones electrónicas» en el futuro, si un estado desea imponerlos. Esa es una opción interesante, dados los esfuerzos en curso para que las grandes tecnológicas paguen por el tráfico que generan, y que, según los operadores, les hace soportar una carga de inversión de capital injusta. Los operadores no se salen con la suya: el documento también incluye medidas para evitar que creen cuellos de botella en la red. La idea de los impuestos internos también es digna de mención en el contexto de los esfuerzos para que las redes sociales y los operadores de motores de búsqueda paguen impuestos que financien el periodismo local, un acuerdo al que Meta en particular se opone. Otros elementos del acuerdo incluyen un requisito para que las naciones firmantes permitan el acceso a Internet «sujeto a una gestión razonable de la red que no bloquee ni ralentice el tráfico de Internet para obtener ventajas comerciales injustas», lo que suena más bien a un mandato de neutralidad de la red. Se menciona el intercambio electrónico de datos para pequeñas empresas, como facilitador del comercio electrónico transfronterizo que no ata a las pequeñas organizaciones con burocracia. El acuerdo también exige a los firmantes que pongan los datos gubernamentales a disposición en formato legible por máquina y a un costo razonable, para combatir el correo basura y tomar en serio la seguridad cibernética. La ayuda para las naciones menos desarrolladas también está en la agenda. El trabajo en la iniciativa fue liderado por Australia, Japón y Singapur, y en su mayoría se considera que han hecho un trabajo decente. Pero la moratoria sobre la imposición de impuestos a las transmisiones electrónicas se ha extendido sólo dos años, y luego se revisará. Además, el acuerdo también ha pasado por alto algunos asuntos con el fin de que este documento se lleve a cabo. Por lo tanto, nos esperan muchas más disputas y discusiones internacionales.