Los titulares de este ciclo electoral han estado dominados por acontecimientos sin precedentes, entre ellos la condena penal de Donald Trump, el atentado contra su vida, la desastrosa actuación de Joe Biden en el debate y su sustitución en la lista demócrata por la vicepresidenta Kamala Harris. No es de extrañar que otros acontecimientos políticos importantes hayan quedado eclipsados, incluido el goteo constante de intentos mejorados por inteligencia artificial para influir en los votantes. Durante las primarias presidenciales, una falsa llamada automática de Biden instó a los votantes de New Hampshire a esperar hasta noviembre para emitir sus votos. En julio, Elon Musk compartió un vídeo que incluía una voz que imitaba a Kamala Harris diciendo cosas que no dijo. Originalmente etiquetado como una parodia, el clip se transformó rápidamente en una publicación sin etiqueta en X con más de 130 millones de visitas, destacando el desafío que enfrentan los votantes. Más recientemente, Trump utilizó como arma las preocupaciones sobre la IA al afirmar falsamente que una foto de un mitin de Harris fue generada por IA, lo que sugiere que la multitud no era real. Y una foto falsa del intento de asesinato del expresidente alteró las caras de los agentes del Servicio Secreto para que parecieran estar sonriendo, promoviendo la falsa teoría de que el tiroteo fue una puesta en escena. Claramente, cuando se trata de manipulación de IA, el público votante tiene que estar preparado para cualquier cosa. Los votantes no estarían en este aprieto si los candidatos tuvieran políticas claras sobre el uso de IA en sus campañas. Las pautas escritas sobre cuándo y cómo las campañas pretenden utilizar la IA permitirían a las personas comparar el uso de la tecnología por parte de los candidatos con sus políticas declaradas. Esto ayudaría a los votantes a evaluar si los candidatos practican lo que predican. Si un político presiona para que se coloque una marca de agua en la IA para que las personas puedan identificar cuándo se está utilizando, por ejemplo, debería usar ese etiquetado en su propia IA en anuncios y otros materiales de campaña. Las declaraciones de política de IA también pueden ayudar a las personas a protegerse de los malos actores que intentan manipular sus votos. Y la falta de medios confiables para evaluar el uso de la IA socava el valor que la tecnología podría aportar a las elecciones si se implementa de manera adecuada, justa y con total transparencia. No es que los políticos no estén usando IA. De hecho, empresas como Google y Microsoft han reconocido que han capacitado a docenas de campañas y grupos políticos en el uso de herramientas de IA generativa. Las principales empresas de tecnología publicaron un conjunto de principios a principios de este año que guían el uso de la IA en las elecciones. También prometieron desarrollar tecnología para detectar y etiquetar contenido realista creado con IA generativa y educar al público sobre su uso. Sin embargo, estos compromisos carecen de medios para su cumplimiento. Los reguladores gubernamentales han respondido a las preocupaciones sobre el efecto de la IA en las elecciones. En febrero, después de la llamada automática deshonesta de New Hampshire, la Comisión Federal de Comunicaciones tomó medidas para declarar ilegales esas tácticas. El consultor que ideó la llamada fue multado con 6 millones de dólares, y la empresa de telecomunicaciones que realizó las llamadas fue multada con 2 millones de dólares. Pero aunque la FCC quiere exigir que se revele el uso de la IA en los anuncios de radiodifusión, el presidente de la Comisión Federal Electoral anunció el mes pasado que la agencia estaba poniendo fin a su consideración de regular la IA en los anuncios políticos. Los funcionarios de la FEC dijeron que eso excedería su autoridad y que esperarían la dirección del Congreso sobre el tema. California y otros estados requieren descargos de responsabilidad cuando se utiliza la tecnología, pero solo cuando hay un intento de malicia. Michigan y Washington requieren divulgación sobre cualquier uso de IA. Y Minnesota, Georgia, Texas e Indiana han aprobado prohibiciones totales al uso de IA en anuncios políticos. Es probable que sea demasiado tarde en este ciclo electoral para esperar que las campañas comiencen a revelar sus prácticas de IA. Por lo tanto, la responsabilidad recae en los votantes para permanecer atentos a la IA, de la misma manera que otras tecnologías, como el autopago en supermercados y otras tiendas, han transferido la responsabilidad a los consumidores. Los votantes no pueden confiar en que la información electoral que llega a sus buzones de correo, bandejas de entrada y plataformas de redes sociales esté libre de manipulación tecnológica. Deben tomar nota de quién ha financiado la distribución de dichos materiales y buscar signos obvios del uso de IA en las imágenes, como dedos faltantes o aretes que no combinan. Los votantes deben saber la fuente de la información que están consumiendo, cómo se verificó y cómo se está compartiendo. Todo esto contribuirá a una mayor alfabetización informativa, que, junto con el pensamiento crítico, es una habilidad que los votantes necesitarán para llenar sus papeletas electorales este otoño. Ann G. Skeet es directora senior de ética del liderazgo y John P. Pelissero es director de ética gubernamental en el Centro Markkula de Ética Aplicada de la Universidad de Santa Clara. Ambos se encuentran entre los coautores de “Voting for Ethics: A Guide for US Voters”, del cual se adaptaron partes de este artículo.
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El ex alcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, no posee ninguna criptomoneda, al menos, todavía no. Pero está a punto de convertirse en un actor en la campaña de la industria para que haya reglas más amigables para las criptomonedas. La plataforma de comercio Coinbase anunció el martes que Villaraigosa, un demócrata que fue alcalde de Los Ángeles de 2005 a 2013, aceptará un puesto remunerado en su consejo asesor global. En una entrevista con The Times, Villaraigosa dijo que no hará lobby en nombre de Coinbase, pero que está asesorando a la compañía sobre cómo asegurar un «marco regulatorio sólido y justo» para los clientes estadounidenses. Villaraigosa se centrará en cómo hacer que los sistemas financieros sean más equitativos para los clientes negros y latinos, dijo Coinbase. La compañía estimó que alrededor del 41% de los inversores estadounidenses en criptomonedas son negros o latinos. «Los usuarios de criptomonedas participan en nuestra democracia como cualquier otra persona», dijo Villaraigosa. «Necesitan protección regulatoria». La contratación de Villaraigosa es parte de un esfuerzo más amplio de publicidad y cabildeo por parte de Coinbase después de años de conflicto entre la industria y los reguladores federales, incluida la Comisión de Bolsa y Valores. Las investigaciones criminales han derribado recientemente a dos de las figuras más conocidas de la industria de las criptomonedas: el exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, quien fue sentenciado a 25 años de prisión en marzo, y el exdirector ejecutivo de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, quien está programado para ser sentenciado el martes después de declararse culpable el año pasado de un cargo de lavado de dinero. Coinbase y otras empresas han dicho que Estados Unidos debería ser más amigable con la industria y que se necesitan reglas más claras para ayudar a las empresas de criptomonedas estadounidenses a competir con las bolsas en países con regulaciones menos estrictas. La industria ha estado gastando mucho en el ciclo electoral de 2024, lo que indica su voluntad de impulsar a los candidatos que apoyan las prioridades de las criptomonedas en Washington y expulsar a los que no lo hacen. El consejo asesor de políticas al que se une Villaraigosa incluye al exrepresentante Tim Ryan de Ohio, demócrata, y al exsenador de Pensilvania Pat Toomey, republicano, así como a veteranos políticos como John Anzalone, el encuestador de la campaña de Hillary Clinton en 2016 y la campaña del presidente Biden en 2020. Villaraigosa aporta al grupo una «sensación del cuerpo político», dijo Faryar Shirzad, director de políticas de Coinbase. «Entiende la actitud pública más amplia, la opinión pública, el sentimiento público, de una manera que ha sido realmente útil», agregó Shirzad. Villaraigosa dijo que estaría ayudando con los esfuerzos de Coinbase para impulsar un «campo de juego nivelado», incluso para las monedas estables, una forma de criptomoneda que aparentemente está vinculada 1 a 1 al valor del dólar estadounidense. Villaraigosa dijo que las criptomonedas son una alternativa prometedora para los inversores negros y latinos que han enfrentado discriminación racial en los bancos tradicionales. Agregó que las plataformas de criptomonedas también podrían servir como una alternativa para las personas que envían dinero a familiares en otros países, lo que se conoce como remesas. Las personas en los Estados Unidos enviaron más de $ 81 mil millones al extranjero en 2022, según el Banco Mundial. La tarifa promedio por un pago de remesa de $ 200 en todo el mundo fue del 6,18% en el tercer trimestre del año pasado, dijo la organización. El costo de enviar dinero a familiares a través de plataformas de criptomonedas como Coinbase es «de minimis», o menor, en comparación, dijo Villaraigosa. Desde que dejó el Ayuntamiento de Los Ángeles en 2013, Villaraigosa ha enseñado en la Escuela de Políticas Públicas Sol Price de la USC y ha trabajado como socio en la consultora Actum. Montó una campaña para gobernador en 2018, terminando tercero en las primarias detrás del gobernador Gavin Newsom y el republicano John Cox. En 2022, Newsom eligió a Villaraigosa como asesor principal en temas de infraestructura, con la tarea de ayudar a identificar proyectos que podrían obtener fondos federales de la ley de infraestructura de Biden. Villaraigosa también ha trabajado como asesor de Banc of California, la empresa de mercadeo multinivel Herbalife y la cadena de clínicas de salud AltaMed.